Nueva investigación: causas y consecuencias de la quema de conventos de mayo de 1931

Los días que siguieron al advenimiento de la Segunda República fueron descritos por sus contemporáneos como una «luna de miel». A la proclamación multitudinaria del nuevo régimen que se realizó en los Ayuntamientos de toda la geografía española, prosiguieron jornadas festivas y de entusiasmo que sintonizaban con la atmósfera ilusionante y reformadora con la que los españoles recibieron a la República.


La victoria electoral en los grandes núcleos urbanos de las candidaturas republicano-socialistas propiciaron la caída de la monarquía de Alfonso XIII, que había fracasado en su tímida apertura conservadora tras el derrumbe de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, con la que el rey había ligado su destino al mostrarle su apoyo. El cambio de régimen se realizó con extraordinaria rapidez, pues tan solo dos días después de la celebración de los comicios municipales del 12 de abril, la República fue proclamada, se constituyó un nuevo gobierno y el defenestrado monarca abandonó el país.


Las expectativas creadas por la República fueron enormes. Existía en amplios sectores de la sociedad la determinación de realizar una enmienda a la totalidad al país. Había que revisar el estado de la educación, el trabajo, el ejército, la ordenación territorial, la participación ciudadana, la distribución de la tierra y, por supuesto, las relaciones con la Iglesia.


La jerarquía católica había sido uno de los pilares sobre los que se sustentó la monarquía borbónica. Poseía un gran control sobre la educación a través de los centenares de colegios e institutos bajo su responsabilidad, era una de las grandes propietarias en España y gozaba de una gran capacidad de influencia política, gracias a la importante red católica de asociaciones, sindicatos, periódicos, cajas rurales, entidades de crédito… En los pueblos, junto al cacique y al jefe de la Guardia Civil, el cura se había convertido en la tercera autoridad indiscutible. Sin embargo, en los últimos años de la monarquía, la práctica religiosa había ido decreciendo, mientras el laicismo ganaba adeptos entre la clase media y el proletariado urbano, a la vez que el divorcio entre la intelectualidad y el clero era cada vez más evidente.


Bajo la aparente alegría colectiva con la que la República había sido recibida, se escondían tensiones sociales que pronto estallarían. Las jornadas del 11 y 12 de mayo de 1931, acaecidas apenas un mes después de la proclamación de la Segunda República, enturbiaron el ambiente de alegría colectiva con el que el nuevo régimen había sido recibido por los españoles. Conventos, iglesias, catedrales y otros edificios eclesiásticos repartidos por buena parte de la geografía nacional fueron objeto de asaltos, saqueos e incendios. Esta destrucción del patrimonio religioso supuso un punto de inflexión para la naciente República que, desde entonces, tuvo que lidiar con la sombra de la violencia anticlerical.


La supuesta amenaza que el régimen surgido tras la caída de Alfonso XIII representaba para la fe católica fue una de las razones esgrimidas por los generales sublevados contra él en 1936. La dictadura de Franco inoculó en la sociedad española durante décadas la idea de que República y violencia anticlerical eran dos conceptos indisociables. La quema de conventos, la violación de monjas y el asesinato de curas fueron sucesos muy presentes en la propaganda franquista, que trató de presentar al «caudillo» como una especie de salvador del cristianismo católico en España.


Una parte de la historiografía, la más vinculada ideológicamente con el nacional-catolicismo franquista, sitúa los sucesos de mayo de 1931 como uno de los antecedentes de la «inevitable» guerra civil española, una «cruzada nacional» contra el ateísmo que fue bendecida por la jerarquía eclesiástica patria y tolerada por el propio papa.


Décadas de propaganda han inoculado en nuestra sociedad la creencia de que el régimen republicano, como Estado laico, ejerció una opresión ideológica, política y física contra los creyentes españoles. Pero, ¿qué hay de verdad en estas afirmaciones?


La próxima investigación del historiador Pedro Javier López Soler pondrá el foco en los sucesos de mayo de 1931 en la provincia de Murcia, donde, entre otros hechos, fueron asaltados e incendiados los conventos en la capital de los franciscanos y las isabelas, consumándose la destrucción de una talla de incalculable valor de la Virgen de la Inmaculada, obra del escultor barroco Salzillo. El objetivo del estudio es dar respuesta a alguna de las incógnitas que aún hoy, noventa años después, sobrevuelan sobre este tema, desmontando los mitos construidos en torno lo ocurrido.


¿Las autoridades republicanas fomentaron la destrucción de los bienes de la Iglesia y el ataque al clero? ¿Quería la República acabar con el cristianismo en España? ¿Qué papel jugó la jerarquía eclesiástica en la transición hacia el régimen republicano? ¿Quiénes cometieron los ataques contra el patrimonio católico? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Qué hecho desencadenó esta oleada de violencia?


Estas y otras cuestiones serán abordadas en una investigación que contribuirá a arrojar luz sobre lo acontecido en una semana de gran agitación y trascendencia para la historia de España.


Incendio del convento de la Orden de la Merced en Cuatro Caminos (Madrid).